Cuestiones y perspectivas : Indicadores jurídicos

La protección del medioambiente está supeditada a la aplicación efectiva de la legislación ambiental vigente a nivel internacional, regional, nacional y local. La ejecución de esta legislación requiere un procedimiento legal complejo en el que deberán intervenir numerosos agentes: administraciones y organismos de control, agentes económicos, profesionales del ámbito judicial, científicos especializados y asociaciones de protección del medioambiente. No obstante, la aplicación de la legislación ambiental sobre el terreno resulta, muy a menudo, insuficiente. ¿Cómo es posible llegar a esta conclusión y buscar una solución? Gracias a los indicadores jurídicos.

La cátedra de Normandía por la paz en relación con los derechos de las generaciones futuras desarrolla una investigación operativa para dotar a las regiones, los Estados y la ONU de esta herramienta nueva de evaluación de políticas públicas. Este trabajo se realiza con el apoyo científico del Centro Internacional de Derecho Comparado Ambiental (CIDCE), una ONG internacional que es socia oficial de la ONU y de la sociedad de ingeniería y asesoramiento de Nueva Aquitania.

Entre marzo y junio de 2020, un grupo de 14 expertos (cinco de ellos procedentes de Brasil, España, Portugal, Suecia y Túnez) celebró seis reuniones por videoconferencia para debatir acerca de qué metodología utilizar para probar los indicadores jurídicos.

En 2020, la prueba se centra en dos ejemplos: un área nacional protegida[1] y el Objetivo de Desarrollo Sostenible acerca de la vida marina y los océanos (ODS 14). Hay que concebir los indicadores adecuados a fin de evaluar la legislación aplicable. Esto debe hacerse remitiéndose tanto al derecho internacional como al regional y nacional. La prueba se realiza en los siguientes países: Brasil, Francia (región de Normandía), Portugal y Túnez. Los agentes locales o nacionales que se encarguen normalmente de la aplicación de la legislación relativa a los dos ejemplos antes mencionados recibirán un cuestionario.

Una obra acerca de los indicadores jurídicos está en proceso de publicación en español, francés e inglés.

En 2021, el programa continuará y tratará otros temas relativos a la legislación ambiental y los ODS con el objetivo de proteger los derechos humanos y los derechos de las generaciones futuras. En concreto, se examinarán los indicadores jurídicos aplicables a la ejecución del Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo y del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

La finalidad última es que la ONU apruebe un método ad hoc de indicadores jurídicos aplicables, en particular, a los ODS que versan sobre el medioambiente y los derechos de las generaciones futuras.


[1] Brasil: Estación Ecológica de Carijós, en Florianópolis. Francia: Reserva Nacional del Bosque de Cerisy (Normandía). Portugal: Reserva Natural do Paul de Arzila (Ramsar y Natura 2000). Túnez: Parque Nacional del Ichkeul.


Dominique Hureaux

Chargé de communication de la MRSH

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