Amazonia –¿QUÉ DEBERÍAMOS HACER CON LA AMAZONIA?

La dramática noticia de los incendios que azotan a la Amazonia, deliberados o no, aunada a la política del nuevo Jefe de Estado brasileño de abrir este territorio a la industria agroalimentaria, coloca de nuevo a la Amazonia en la vanguardia de las preocupaciones ambientales. Sin embargo, no debemos olvidar la reforma al Código Forestal brasileño realizada por la presidenta Dilma Rousseff en 2012, que modificó el código forestal y concedió una amnistía a los pioneros de la selva amazónica sin que el Tribunal Superior de Justicia lo considerara una regresión o una violación a la Constitución en una decisión del año 2018.

La Amazonia, considerada el pulmón del planeta, se extiende por el territorio de nueve Estados[i], entre ellos Francia. De hecho, ya está protegida por el derecho ambiental nacional e internacional, a condición, sin embargo, de que se apliquen efectivamente los instrumentos existentes. Para ello, es necesario tanto la voluntad política de los Estados interesados como la presión constante de las ONG, haciendo un uso correcto e informado de los instrumentos jurídicos puestos a su disposición.

En primer lugar, la Amazonia está protegida por las leyes nacionales de los Estados amazónicos. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de otorgar la personalidad jurídica a la Amazonía colombiana en 2018 desde una perspectiva ambiental. Convocó a noventa instituciones colombianas para explicarle sus acciones en octubre de 2019[ii]. En Colombia, el 80% de la Amazonía colombiana tiene la condición legal de reserva indígena o de parque natural[iii]. Brasil, bajo cuya soberanía se encuentra la mayor parte de la Amazonía, introdujo en su Constitución de 1988 una protección constitucional de la Amazonía como patrimonio nacional por el art. 225-4. La Amazonia es uno de los bienes comunes preservados para las generaciones presentes y futuras. Además, la Constitución establece que las áreas protegidas y los territorios indígenas, que representan el 48% de la Amazonía brasileña, sólo pueden ser modificados o abolidos por ley, lo cual prohíbe al Presidente tomar decisiones sin el acuerdo formal del Parlamento[iv].

El derecho internacional también debe acudir al rescate de la Amazonia sin necesidad de inventar nuevos mecanismos. Los tratados universales sobre diversidad biológica de 1992, sobre la lucha contra la desertificación de 1994, sobre los humedales de importancia internacional de 1971 y sobre la prohibición del mercurio de 2013 están en vigor y han sido debidamente ratificados por Brasil.  Además, la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1972 también se aplica a Brasil. Así, siete áreas naturales brasileñas, incluyendo parte de la Amazonía Central, están inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial. De hecho, desde el año 2000, con una extensión en 2003, seis millones de hectáreas de la selva amazónica han estado bajo la protección de la Convención de la UNESCO. Esto implica un régimen nacional de protección, informes e inspecciones que pueden conducir a la eliminación de la lista internacional o, en caso de degradación ambiental, a la inclusión en la lista de zonas « en peligro ».

A nivel regional, desde 1978 existe un tratado entre ocho Estados ribereños del Amazonas: el Pacto Amazónico, enmendado en 1998, con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)[v]. Este instrumento jurídico en vigor permite emprender acciones colectivas para proteger y vigilar el patrimonio amazónico. En 2010, se adoptó una Agenda Estratégica para la Cooperación Amazónica, que establece la cooperación Sur-Sur para combatir el cambio climático, el desarrollo sostenible, la conservación de los recursos naturales en armonía con el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. En la XIII reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Partes se aprobó la Declaración de Tena el 1º de diciembre de 2017, la cual reitera la importancia mundial de los servicios de los ecosistemas amazónicos; reafirma su compromiso de reducir los efectos del cambio climático; reconoce que los recursos hídricos de la cuenca amazónica son un patrimonio universal compartido; decide fortalecer la cooperación contra los incendios forestales transfronterizos; y acoge con beneplácito la iniciativa colombiana « Amazonia 2030 » para alcanzar el objetivo de « deforestación cero ».

Desde el punto de vista financiero, muchas ONG internacionales se dedican a ayudar a los pueblos indígenas a defenderse ante los tribunales y a financiar operaciones de conservación de la biodiversidad. El G7 y la Unión Europea aprobaron en 1991 un programa piloto de 250 millones de dólares para la protección de los bosques tropicales brasileños (PPG7) gestionado por el Banco Mundial desde 1995. El proyecto del GEF para la Amazonia entre 2011 y 2014 asignó 52,2 millones de dólares a un programa de gestión ambiental en la cuenca del Amazonas.

Bilateralmente, dado que Francia tiene una pequeña parte de la selva amazónica en la Guyana Francesa, las relaciones franco-brasileñas permiten acciones conjuntas, como el acuerdo firmado por los Presidentes Chirac y Lula el 15 de julio de 2005 sobre la construcción del puente sobre el Oyapock en la frontera franco-brasileña. Este puente fue inaugurado en marzo de 2017. El acuerdo prevé reuniones periódicas a través de la comisión mixta transfronteriza, que podría constituirse en un foro para las negociaciones sobre el destino del bosque compartido.

La activación de todas estas herramientas debería facilitar una acción concertada entre los Estados para preservar mejor el recurso natural amazónico.

Sin embargo, algunos consideran que estas herramientas son insuficientes y abogan por una acción mucho más colectiva en nombre de la solidaridad medioambiental internacional y la lucha contra los efectos del cambio climático. En el plano científico, la UNESCO ya había hecho un intento infructuoso en 1948. En efecto, el Instituto Internacional de la Hylea[vi] Amazónica fue creado entonces para proteger la Amazonía a través de la ciencia « para el bienestar de la humanidad« . Este instituto fue abandonado en 1950. Pero la idea de que la Amazonia es un bien común de la humanidad seguirá generando apetitos contradictorios. Se trataría de considerar la Amazonia como « patrimonio común de la humanidad« , lo que implicaría un acuerdo global impensable, sobre todo porque el término jurídico « patrimonio común de la humanidad » se ha atribuido hasta ahora sólo a zonas que no pertenecen a ningún Estado (el lecho marino, la luna, el espacio ultraterrestre).

La internacionalización de la Amazonia también aparece, según el Papa Francisco, como único servidor de « los intereses económicos de las corporaciones multinacionales »[vii].  Preparando un Sínodo de Obispos para el 6-27 de octubre de 2019 sobre los problemas de la Amazonia, un documento preparatorio del 8 de mayo de 2018 subraya la necesidad de una ecología integral para preservar los recursos naturales y la identidad cultural. Durante su viaje a Madagascar el 7 de septiembre de 2019, el Papa Francisco habló de la deforestación en la Amazonía al referirse a la deforestación en Madagascar y pidió « el derecho a la distribución común de los bienes de la tierra a las generaciones actuales y futuras« .

En conclusión, se debe apoyar a los abogados brasileños para que utilicen los instrumentos jurídicos nacionales que protegen particularmente la Amazonia y, según el cacique Raoni Metuktire, se deben crear otras reservas naturales en la Amazonía[viii], aunque el 48% de la Amazonía ya esté protegida, entre los territorios amerindios y las unidades de conservación[ix]. ¿Por qué no pedir a Brasil que solicite a la UNESCO ampliar su área de bosque amazónico bajo la Lista del Patrimonio Mundial de un 12%, de manera llegar  a un total de 60% de bosques protegidos, al igual que Bután en su Constitución de 2008, que proclama que el 60% de los bosques del país son eternos y, por lo tanto, no pueden ser talados?  Francia podría tomar la iniciativa, junto con los demás Estados amazónicos, en aras de solicitar para cada uno de ellos la inscripción del 60% de su selva amazónica en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. De este modo se protegería el 60% de toda la cuenca del Amazonas.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional debería movilizarse para un seguimiento más eficaz de los territorios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y prestar un apoyo especial a los Estados Partes en el Pacto Amazónico[x]. La cooperación Norte-Sur debería reforzar las acciones emprendidas por el OCTA.

Es de lamentar que la reunión de Leticia del 6 de septiembre de 2019, por iniciativa de Colombia, con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, no haya involucrado a todos los Estados de la Amazonía, ya que no habían sido invitados, o no estaban presentes, ni Venezuela ni Francia, mientras que Ecuador, que estaba presente, posee la misma superficie amazónica que Francia. Sin embargo, cabe destacar el espíritu de apertura del denominado « Pacto de Leticia » [xi]: reafirma la necesaria cooperación entre los países de la Amazonia, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que coopere en la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonia, crea una red de cooperación para combatir los desastres naturales y espera poder cooperar con otros Estados y organizaciones regionales e internacionales interesados.

Este llamado hace posible la solidaridad internacional y ecológica aplicada en términos concretos a la Amazonia.  Los nueve Estados interesados deben fortalecer rápidamente su cooperación en pro del interés común de la humanidad con el apoyo de toda la comunidad internacional, en particular la Unión Europea y los organismos especializados de las Naciones Unidas, en particular la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Todas estas iniciativas oficiales no serán capaces de desarrollarse por sí solas si los consumidores de países del Norte no optan por reducir su consumo de carne y la compra de soja para su ganado. Al mismo tiempo, las acciones legales y sociales a favor de los pueblos indígenas de la Amazonia[xii] deben reforzarse mediante la aplicación de las directrices de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la « Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas » de 2007[xiii], adoptada por 144 votos, incluido el de Francia, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales, que sólo ha sido ratificado por 23 Estados. Tres Estados amazónicos aún no lo han ratificado: Guyana, Surinam y Francia. Curiosamente, sin embargo, Francia ha firmado esta convención. El 23 de febrero de 2017, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (recomendación Nº 7) pidió que esa ratificación se haga realidad.

Michel Prieur
Presidente del Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado


[i] 63% en Brasil, 10% en Perú, 7% en Colombia, 6% en Bolivia, 6% en Venezuela, 3% en Guyana, 2% en Surinam, 1,5% en Ecuador y 1,5% en Guyana Francesa.

[ii] Véase Anne Proenza, « A Leticia, six pays tentent de se coordonner », Libération,  7-8 septiembre 2019, p.5.

[iii] Véase Anne Proenza, idem, p. 5.

[iv] Véase Edison Ferreira de Carvalho « La proteccion de los bosques a la luz del derecho ambiental internacional y la constitucion brasilena : seran capaces de salvar la foresta Amazonica ? », Universidad federal de Para, Naece editora, 2018.

[v] Véase su sitio oficial: www.otca-oficial.info

[vi] Este vocable significa en griego “bosque”.

[vii] Véase Encíclica Laudato Si, 2015, p. 30, la cual cita la 5° Conférence del Episcopado Latinoamericano y del Caribe reunido en  Aparecida el 29 de junio del 2007, n° 84 y 86.

[viii] Véase entrevista al líder indígena Raoni « La forêt est cruciale pour le climat planétaire », Libération, 7-8 setiembre del 2019, p. 3.

[ix] Véase François-Michel Le Tourneau, « Faire en sorte que l’Amazonie debout rapporte plus que le déboisement du territoire », Le Monde, 3 de setiembre 2019, p. 27.

[x] Francia, como Estado soberano de la Amazonia, debería poder adherirse al Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, lo que requeriría una enmienda previa al Artículo 27 de este instrumento, que por el momento prohíbe su adhesión.

[xi] Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, envía un mensaje de unidad y esperanza a la región y al mundo en « Cumbre presidencial para reafirmar el compromiso con la Amazonia« , El Tiempo, Bogotá, 6 de septiembre de 2019.

[xii] Hay tres millones de personas que representan a 390 pueblos distintos y 130 pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

[xiii] Resolución 61/295, A/RES/61/295.


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